Víctimas de agresión sexual: miedos y barreras burocráticas en el camino a la denuncia
Hablamos con expertas y denunciantes sobre las trabas institucionales a enfrentar ante la violencia sexual y analizamos si se han producido mejoras en este ámbito
Escrito por Ana Rojas
Investigación social y análisis de datos. En Bloom escribo sobre género, derechos y salud.
Revisado por el equipo de expertas de Bloom, plataforma especializada en salud femenina.
Más del 21% de mujeres en España reconoce haber sufrido una agresión sexual y casi el 40% conocen personalmente a otra mujer que también la habría sufrido. Estos son algunos de los desgarradores datos que nos deja la Encuesta sobre violencia sexual publicada esta semana por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El estudio ofrece información que nos permiten aproximarnos a la realidad de un fenómeno cruento como este tipo de violencia en sus diferentes formas, pero también evidencian todo lo que queda por hacer. Y es que más del 28% de los hombres en España cree que pegar a una mujer por mantener relaciones sexuales es aceptable en “algunas circunstancias” y el 35,9% piensan que es inaceptable, pero que no debe castigarse por ley. Más del 21% de los mismos cree que pedir relaciones sexuales reiteradamente no es acoso sexual.
Tras un diciembre negro y un total de 49 mujeres asesinadas en 2022, el inicio de este nuevo año ha puesto en el foco el abordaje de la violencia sexual tras la denuncia de diversos casos de agresión que han implosionado en la esfera mediática. Por un lado, el caso de presunta agresión sexual del futbolista Dani Alves y, por otro, las denuncias al productor Javier Pérez Santana en los últimos Premios Feroz.
El debate público desde entonces nos hace recordar cómo de normalizada está este tipo de violencia en entornos de ocio y diversión para las mujeres. Esto es lo que nos lleva a preguntarnos: ¿ante qué escenario podemos encontrarnos si queremos denunciar una agresión sexual? ¿Qué barreras afrontaré? ¿Algo está cambiando o todo sigue igual?
Una violencia con múltiples causas que va en aumento
Los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 51,4% desde 2016, según los datos recabados por el Ministerio de Igualdad. De los mismos, casi el 86% fueron cometidos contra mujeres, siendo una ramificación más de la violencia de género. Sin embargo, es complejo analizar la verdadera magnitud de la problemática y cuántos casos realmente supone, pues estos son solo los conocidos por la Administración.
De acuerdo con la Comisión Internacional de Malos Tratos (CIMT), consultiva de Naciones Unidas, una de las causas fundamentales en el aumento de la violencia sexual es su inserción cotidiana en la sociedad. “Percibimos que hay un auge y una normalización de la violencia sexual entre los hombres y los jóvenes hacia las mujeres que tiene más que ver con el machismo que con la sexualidad”, indican, señalando la hipersexualización y la violencia presente en la cultura a través de elementos como la pornografía.
Y es que en torno al 62,5% de los jóvenes entre 13 y 17 años indica haber visto porno alguna vez en su vida (87,5% chicos y el 38,9% chicas), siendo 12 años la media edad a la que acceden a la misma, según recabamos ya en el último informe sobre Educación sexual en España de Bloom.
Estos datos pertenecen a un estudio llevado a cabo por Save The Children, que afirmaba que, para el 30% de la juventud encuestada, la pornografía representa la única fuente de información sobre sexo para los jóvenes, siendo más del 54% los que creen que esta ofrece ideas para poner en práctica en sus experiencias sexuales. El mismo estudio recababa que el 12,2% de los chicos lo habría hecho sin el consentimiento de su pareja. Algo realmente problemático, pues el propio el Consejo General de Psicología de España certifica que la pornografía ofrece una visión falsa y distorsionada de la sexualidad, generalizando también la vulneración del consentimiento.
La CIMT indica que este tipo de patrones intercede en los hábitos sexuales, materializando la violencia de género: “Se interioriza una realidad deformada de la sexualidad, unos modelos de relaciones sexuales entre hombres y mujeres que nada tienen que ver con la sexualidad, si no más bien con la violencia y la necesidad masculina de superioridad”, indican.
Por otro lado, en la citada gala de los Premios Feroz, una de las agresiones presuntamente perpetradas por Javier Pérez Santana habría tenido lugar contra una actriz que también habría sufrido diversas increpaciones tránsfobas por su parte. Esto también nos hace querer abrir el melón sobre cómo los delitos de odio se interseccionan con la violencia sexual.
Y es que, aunque hay una gran carencia de estudios sobre cómo este tipo de violencia afecta de forma diferencial a las personas LGTBIQ+, se estima que en torno al 47% de personas trans y no binarias habrían experimentado acoso sexual alguna vez en su vida. Una cifra que aumenta si hablamos de personas racializadas, en situación de prostitución, sin hogar o personas con discapacidad.
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Enfrentarse una agresión sexual: estos son los principales obstáculos
El “yo sí te creo” se ha convertido en un mantra feminista esencial que al mismo tiempo evidencia las necesidades de las mujeres que han vivido en su piel el terror de la violencia sexual: ser creídas, escuchadas y protegidas. Sin embargo, existen diversos obstáculos, tanto sociales como institucionales, que interceden de forma determinante en el proceso de abordar un caso.
«Es difícil que una víctima se reconozca, en ocasiones les cuesta asumir que lo han sido por el shock inicial, y también quién ha cometido la agresión. Aunque en el inconsciente social está la idea de que el violador es un desconocido en un callejón, la realidad es que la mayoría de violadores son personas conocidas de la víctima».
«En mi caso era mi propia pareja, lo cual hacía mas difícil la credibilidad, puesto que hay una línea muy fina para definir el consentimiento o no dentro del ámbito de pareja”, continúa Marta Asensio Colomo, creadora de la campaña contra la sumisión química. La encuesta más reciente sobre violencia sexual del CIS indica que aunque el 98,3% de personas en España creen que la sumisión química es inaceptable y debe ser castigada por ley, aunque el el 20,3% de hombres cree que obligar a mantener relaciones sexuales no deseadas a su pareja no debe ser castigado por ley, aunque les resulte inaceptable.
El miedo al agresor es uno de los principales obstáculos a la hora de denunciar, según indican desde la CIMT, ya que, en el 80% de casos, este forma parte del entorno de la propia víctima. De hecho, el 41,8% de mujeres en España piensan que no se denuncia por el miedo a la persona que agrede. “La gente cree que los violadores son personas que te asaltan sin luz en mitad de la calle, pero la mayoría de veces son hombres cercanos a la mujer, por lo que a la hora de denunciar existe ese miedo al agresor, a que se entere y que haya represalias, sobre todo cuando pasa en entornos cercanos, como la familia”, indican.
“Primero, una tiene que identificarlo y ponerle la etiqueta de violencia. Eso, de por sí, ya es difícil; además, tiene que pensar en los riesgos de enfrentar el juicio social del entorno y, también, las consecuencias que eso puede tener en distintas esferas de la vida”, indica la abogada penalista Carla Vall, reconocida por su labor en la defensa contra la violencia de género. En este sentido, cabe recordar que al menos el 40% de mujeres en España conocen a una mujer que ha sufrido una agresión sexual en su familia.
De acuerdo con la jurista, enfrentar un caso de violencia sexual va mucho más allá del acto de denunciar en sí: “Mucha gente anima a las víctimas a denunciar en lo genérico, lo difícil es que, cuando ocurre, la gente esté ahí, con las dificultades que eso entraña. Nos perdemos en lo concreto. Cuando hay una relación de poder, hace falta que existan protocolos y acceso a la denuncia, además de una red suficiente que pueda ejercer de contrapoder para poderlo sostener”.
También cabe destacar un amplio número de obstáculos a nivel institucional a la hora de denunciar un caso de violencia sexual, que implican la carencia de recursos de apoyo y protección, la falta de formación y sensibilización de los profesionales, las trabas burocráticas y dilatación de los procedimientos, así como el cuestionamiento, a veces, a las propias víctimas, que hace el proceso más doloroso para ellas.
“Uno de los principales obstáculos de los que nos quejamos las víctimas es la revictimización por parte de las propias instituciones. Es cierto que hay unidades especializadas en el tema de abuso y violación y que tienen formación en perspectiva de género, pero no es así en todas las unidades policiales y comisarías. Existe también un sector que, si acudes como víctima de sumisión química, borracha o drogada a denunciar, te puede mandar a casa diciéndote que vayas a dormir la mona y que si no sabes beber, no bebas”, cuenta Marta.
“Hay una gran falta de apoyo a las denunciantes, los procesos son muy largos y retorcidos, existe mucho cuestionamiento y se sienten solas. Muchos profesionales y cuerpos policiales tampoco están suficientemente formados para atender estos casos de violencia de género»
Esto, sumado al desconocimiento de las víctimas respecto a sus derechos, dificulta enormemente los procesos de atención. “Todas las mujeres tenemos un gran desconocimiento respecto a las leyes de violencia sexual. Por ejemplo, muchas mujeres migrantes no acuden a las autoridades cuando tienen una agresión por miedo a ser deportadas”, añaden.
“El procedimiento judicial es un proceso traumático para las víctimas porque siempre se van a cuestionar los hechos. Se enfrentan al calvario judicial, en el sentido de que no existe un acompañamiento especializado, social y psicológico, que es lo que intentan solucionar los Centros de Crisis 24 horas en cada provincia que contempla la Ley de Libertad Sexual. Tampoco están acompañadas frente al dolor y el trauma que implica el proceso, durante el que reviven de nuevo todo lo sucedido y donde tienen una lupa que cuestiona constantemente lo que les ha pasado”, indica a Bloom el Ministerio de Igualdad.
“Otra traba fundamental es que los procesos judiciales se alargan mucho, algunos hasta los cinco años. Cinco años reviviendo un proceso donde vas a estar cuestionada, donde vas a tener que justificar constantemente las pruebas que determinan que has sido agredida sexualmente. Esa dilatación es traumática para las víctimas”, agregan.
En el último año, también se ha visibilizado cómo el modus operandi de los agresores sexuales se transforma para cometer acciones violentas con una mayor impunidad por la dificultad que supone posteriormente rastrearlas, como ejemplifican los propios casos de sumisión química o los pinchazos en discotecas del pasado verano.
“Cada vez se cometen violaciones con más impunidad: mediante la sumisión química, se consigue que se dude de la víctima, porque el caos mental hace que las primeras palabras que se tomen en la declaración aún estén bajo los efectos de alguna sustancia o químico que las puedan hacer incoherentes«, apunta Marta.
Y continúa: «Luego está el tema de que los químicos en el cuerpo duran muy poco y se han de recoger con una cadena de custodia [esto es, el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito], y eso no está a disposición de todos los centros. Además, otro añadido es que las víctimas de una violación lo que primero desean hacer es lavarse y olvidarse y, si lo hacen, ya han perdido parte de las pruebas”.
Mejoras, respuesta institucional y perspectiva de futuro
En las últimas semanas hemos visto la efectividad que pueden tener los protocolos de atención a la violencia sexual a la hora de asistir a la víctima a través del caso de Dani Alves. “No Callem” es un plan de acción desarrollado por el Ajuntament de Barcelona e implantado de forma coordinada con los locales de ocio y espectáculos de la ciudad.
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Este protocolo pone en el centro el bienestar de las víctimas, integrando los principios de atención prioritaria a la persona agredida y de no centralización del proceso penal, así como de respeto a las decisiones de las víctimas, es decir, acompañar y ampararlas más allá de su decisión de denunciar o no. También se exige una actitud de rechazo hacia los agresores. Según ha informado la institución a Bloom, este protocolo es pionero en España, representando un ejemplo referente de buenas prácticas.
A nivel estatal, los cambios más recientes se han anunciado a través de la ley del solo sí es sí, introduciendo algunas mejoras y ampliaciones para la consideración penal de la violencia sexual, como la equiparación de la agresión y abuso sexual, la redefinición de consentimiento para evitar riesgos de revictimización y la introducción de diversos agravantes en caso, por ejemplo, de sumisión química o de agresión dentro de la pareja.
“Hay distintas ventajas, la primera es que creo que la clasificación de violencia sexual lleva consigo la idea de que el acceso a los cuerpos de forma no deseada es violento, aunque luego haya agravantes por intimidación o violencia en sí. Creo que aunque el consentimiento ya fuera un eje central del Código Penal, sí es una innovación el hecho de que sea un consentimiento positivo. Es un cambio de mirada sobre la actuación esperable de las potenciales víctimas”, indica Vall.
Sin embargo, un amplio número de excarcelaciones y rebajas de penas ha puesto bajo escrutinio político y social la necesidad de una reforma en la Ley, que nos sitúa en una panorama de incertidumbre. “Las mejoras, seguramente, las podremos ver cuando esta Ley tenga espacio para vivir en el ordenamiento, lo cierto es que me parece que el debate público encendido está poniendo en peligro a las víctimas con una intranquilidad muy evidente respecto lo que está ocurriendo”, añade la abogada.
Desde el Ministerio de Igualdad, se continúa trabajando en una posible reforma de la ley de garantía integral de la libertad sexual sin que suponga un retroceso de los márgenes ampliados en su última aprobación. “Aunque somos conscientes de que ninguna reforma penal va a evitar estas decisiones judiciales, estamos trabajando en propuestas penales que mantengan el consentimiento como centro del Código Penal”, indican.
“Preservar el modelo de consentimiento es fundamental. Que cuando denuncies una agresión sexual la única pregunta que tengan que hacerte sea si consentiste o no, no si te resististe o no”, concluyen.
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