Por qué 2024 fue el año en el que la vergüenza cambió de bando
El caso Pelicot, que ha estremecido a Francia y resonado a nivel internacional, no es solo un ejemplo de violencia sexual estructural. Es un espejo de las profundas desigualdades de género en el sistema judicial y en la sociedad.
La valentía de Gisèle Pelicot al hacer público el juicio y reclamar que cambie el relato ha marcado un importante hito en 2024. Además de desmontar algunos mitos como el de la víctima o el agresor ideal o dónde suceden las agresiones sexuales, este caso ha puesto sobre la mesa algunas preguntas fundamentales acerca de cómo abordamos la violencia sistemática hacia las mujeres y qué herramientas a nivel estructural son indispensables para lograr el cambio social. Verónica Morillo Baena, jurista con perspectiva de género y consultora de Igualdad, y Alba Pérez Ciudad, abogada penalista, especialista en delitos violentos, delitos sexuales y violencia de género, nos han echado un mano para conocer más a fondo los aspectos más reveladores de este caso, cómo ha afectado ya al relato sobre la violencia sexual y qué podemos esperar a partir de ahora.
Un juicio histórico
Antes de entrar en harina, hagamos un pequeño repaso del caso, por si no lo has seguido o no lo tienes muy presente (aunque es difícil de olvidar). Todo empezó el 12 de septiembre de 2020, cuando Dominique Pelicot, un hombre de 72 años, fue sorprendido por un guardia de seguridad en un supermercado mientras grababa con su teléfono por debajo de la falda a varias mujeres. Al incautarse los dispositivos de su residencia familiar (dos teléfonos, una cámara de fotos y otra de vídeo, así como un portátil, una memoria USB y una tarjeta SD), se informa a su entonces mujer, Gisèle, de los cargos que se presentan contra su marido. Un par de meses después, la policía reclama la presencia de ella, que supone que le hablarán sobre el “incidente” del supermercado. Sin embargo recibe una repugnante sorpresa: al revisar los dispositivos electrónicos, la policía descubre que su marido lleva años drogándola e invitando a hombres a casa para violarla.
¿Por qué estamos hablando de este caso este año? El juicio contra Dominique y otros 50 acusados de agredir a Gisèle se celebró en septiembre de forma pública a petición de ella, que ha rechazado permanecer en el anonimato con la intención de que su caso sirva para que la sociedad cambie su forma de abordar una violación y, así, “que la vergüenza cambie de bando” de una vez.
El pasado 19 de diciembre se hizo pública la sentencia que declaraba al acusado culpable de violación agravada de Gisèle, tentativa de violación de C.Marechal (la mujer de su “discípulo”) y otros delitos relacionados con la difusión de imágenes tanto de su exesposa, su hija y a sus exnueras. ¿La pena? 20 años de cárcel, la máxima para este tipo de delitos en Francia. Respecto a los participantes, en la investigación se contaron hasta 71, pero solo 50 pudieron ser identificados. Muchos de ellos se enfrentan a penas de prisión de entre 15 y 3 años, aunque algunos de ellos no llegarán a ingresar en la cárcel. También se expresa la prohibición en algunos casos de ejercer alguna profesión o actividad en contacto con menores durante una década. Todos serán inscritos en el registro de delincuentes sexuales.
Por qué ha marcado un antes y un después
Nuestras expertas coinciden en que se trata de un retrato de violencia sexual que se aleja de los esterotipos que normalmente lo acompañan, especialmente en cuanto al perfil de la víctima y de su agresor, además de, por supuesto, la relación entre ambos: “La violación dentro de la pareja está aún muy invisibilizada”, señala Pérez Ciudad. Este caso, además, ha puesto de manifiesto esa “normalidad” del resto de los agresores, nada que ver con lo que se ha construido socialmente al respecto. Muchos de ellos son padres de familia, con buenos trabajos, sin antecedentes… Como el propio Dominique Pelicot.
Respecto a la víctima, Gisèle, también ha conseguido romper con parte de la idea de “víctima ideal” para trasladar el foco a los agresores. “El impacto social que puede provocar este tipo de delitos influye notablemente en las decisiones judiciales y, por tanto, la imagen que se proyecte de la víctima es fundamental para tener una «correcta» opinión pública”, explica Morillo Baena. Este arquetipo social, según la experta establecido por un “sistema judicial patriarcal” que engloba todos los operadores jurídicos, desde abogacía a fiscalía y judicatura, establece cómo debe ser y comportarse una víctima para resultar creíble, así como qué conductas pueden hacer que se ponga en duda.
Es necesaria la pedagogía en este sentido, ya que podemos pensar que es un caso aislado que queda fuera de lo que conocemos “comúnmente” por violencia de género. Casos como el de Gisèle nos invitan a tomar conciencia y reflexionar acerca de por qué se producen estos hechos y por qué no quedan fuera de ese tipo de violencia, ni están cometidos por “monstruos” o “perturbados”.
Precisamente la decisión de que el juicio fuera público y la ya famosa frase de que la vergüenza tiene que cambiar de bando ha roto con el paradigma de la actitud que se espera de una víctima. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de agresiones que no están marcadas por el género, con las que tienen que ver con mujeres se generan sentimientos tan inesperados como la vergüenza o la culpa en las víctimas. Creemos que somos responsables de lo que nos ha pasado porque el foco se pone en lo que hemos hecho nosotras, qué llevábamos puesto, dónde estábamos, por qué no nos defendimos, en lugar de señalar sin miramientos al agresor o, como en este caso, agresores.
Además, este caso tiene la peculiaridad de apuntar al entorno cercano de la víctima, donde se producen la mayoría de estas agresiones, y no a un encapuchado desconocido que aguarda en un parque oscuro. “Esto favorece la impunidad -explica Pérez Ciudad. La mujer no tiene que afrontar únicamente el trauma del hecho, sino que tiene que romper el vínculo que mantenía con el agresor, lo que en muchos casos es un proceso complejo por el impacto que tendrá en su vida esa denuncia”.
Tal y como Gisèle ha afrontado su proceso judicial haciéndolo público ha conseguido que toda la sociedad fuera testigo de un proceso duro, lo que hace un llamado a la reflexión colectiva y coloca esa mochila de la vergüenza a espaldas del agresor, lo que puede ayudar a que otras muchas mujeres afronten su proceso soltando de inicio esa carga tan pesada.
Dinámicas de complicidad: por qué ellos callan
Otro aspecto que se ha visibilizado con este caso es el pacto de silencio que se da entre los hombres y que dificulta mucho el avance en este tipo de casos. Algunos de los contactados por Pelicot no accedieron a participar en las violaciones, pero tampoco denunciaron. ¿Es que no se debe denunciar un delito? Morillo Baena alude a esa fraternidad implícita en las masculinidades que acaba por ser cómplice de este tipo de violencias.
“Sigue siendo necesario trabajar en políticas de igualdad, sobre todo en los más jóvenes -apunta-. La manosfera está introduciendo un discurso muy peligroso para la igualdad entre hombres y mujeres y las violencias se están transformando”. Coincide Pérez Ciudad, que considera que se ha evidenciado esa fratría masculina que existe en torno a la violencia y cómo los agresores se valieron de ello para encontrarse, coordinarse y agredir a la víctima con la complicidad de los demás”.
El sistema judicial es una reproducción más de una estructura en la que las desigualdades se filtran como agua. Lo importante es trasladar el por qué se producen estos hechos y el por qué de «no todos los hombres, pero siempre hombres», el por qué de que la vergüenza tenga que cambiar de lado, el por qué tantas agresiones ni se expresan ni se denuncian y el por qué de la normalización de las violencias hacia las mujeres.
¿Qué herramientas tenemos para combatir la violencia contra las mujeres? La educación es esencial, además de nuestro gran talón de Aquiles, según Pérez Ciudad, pero, ¿qué pasa con las leyes? Con frecuencia señalamos a los tribunales que, en principio, se limitan a hacer cumplir la ley. “El Derecho se construye a través de políticas”, recalca Morillo Baena, y hace alusión a un ejemplo reciente: el caso de “La Manada” hizo que se modificara el concepto de agresión sexual en el Código Penal y que se aprobara la llamada ley del “solo sí es sí” (Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual) que pone el consentimiento en el centro. Otro ejemplo sería la regulación de los protocolos de acoso sexual y/o por razón de sexo en organizaciones, lo que ayuda a dejar de normalizar ciertos comportamientos.
Reparación del daño
Aunque posiblemente ninguna sentencia es suficiente para reparar el daño, cuando es justa ayuda a hacerlo. El trato que recibe la víctima a lo largo del proceso tanto por los operadores jurídicos como por la opinión pública, también. Y es que, según señala la abogada experta, conviene hacer el ejercicio de mirar un poco más allá de los años de prisión a la hora de evaluar el resultado. En este caso, se ha aplicado la pena máxima al principal acusado, pero hay otros factores a tener en cuenta, como las dilaciones en el proceso judicial o la responsabilidad civil. “Si el proceso se ha alargado durante años, aunque el culpable reciba la máxima condena, la víctima puede tener la sensación de que no ha sido justa”, explica. No obstante, tanto el daño físico como el psicológico suele ser irreparable en la mayoría de los casos.
Lecciones que nos deja el caso Pelicot
Con este caso se vuelve a poner de manifiesto la urgencia de aplicar una perspectiva de género en los procesos judiciales, pero no solo a la hora de aplicar las leyes, sino también a la hora de elaborarlas. “La elaboración y la aplicación de la legislación están inmersas también dentro del sistema patriarcal y es importante saber discernir en la legislación que puede conllevar una posible discriminación hacia las mujeres y de qué lado esta la credibilidad en los procesos judiciales. Dónde debemos poner el foco y qué argumentos feministas debemos emplear en estos procesos”, concluye la consultora de Igualdad.
Además de las campañas de sensibilización y concienciación, Pérez Ciudad añade que es necesario reforzar la información acerca de qué recursos existen a disposición de las mujeres, como el acompañamiento psicológico, o los derechos que se tienen durante el proceso, como estar acompañada por quien elija desde el primer contacto con autoridades y funcionarios que reconoce la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito. “Es fundamental tratar de recuperar un mensaje de confianza en el sistema judicial para evitar que mujeres que decidan dar el paso de denunciar puedan sentirse más seguras”, advierte la experta.