Nuestros cuerpos, su campo de batalla: la política del aborto en 2025
Entre avances legislativos y retrocesos ideológicos, el derecho al aborto parece estar siempre pendiente de un hilo
Escrito por Sara G. Pacho
Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid.
Revisado por el equipo de expertas de Bloom, plataforma especializada en salud femenina.
En pleno 2025, podemos decir que en España contamos con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pero la teoría no siempre se refleja en la práctica. 40 años después de su despenalización, los datos muestran que más del 78% de los abortos se realizan en clínicas privadas, con el coste que conlleva (no al alcance de todos los bolsillos) y los riesgos asociados (estas clínicas no cuentan con los medios de los hospitales en caso de ocurra algún imprevisto). La objeción de conciencia, las diferencias entre comunidades autónomas y el peso de los estigmas continúan siendo barreras invisibles, pero de mucho peso.
Mientras los discursos más conservadores insisten en deslegitimar este derecho con trabas y teorías pseudocientíficas, el Gobierno plantea algo histórico: que forme parte de los derechos fundamentales de la Constitución y, así, gozar de la misma protección y garantías. Lo que está en juego, una vez más, no es solo una ley, sino el control sobre nuestros cuerpos y nuestra capacidad de decidir de manera libre.
Mientras la ultraderecha intenta sembrar miedo y culpa, el feminismo recuerda que decidir no es un privilegio, es un derecho. Y como todos los derechos, necesita ser protegido.
Así están las cosas en 2025
El aborto en España actualmente es legal y gratuito. Pero no siempre ha sido así. Ni tampoco lo es en otros países. Ni tenemos asegurado que sea para siempre. De hecho, hemos visto cómo en países donde se había reconocido, se ha vuelto a prohibir o han acotado los supuestos. Sí, en pleno siglo XXI hay 24 países en todo el mundo en los que el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. Entre ellos están Senegal, Sierra Leona, Laos y algunos estados de Estados Unidos. Esto no va de tercer mundo o grandes potencias.
4 de cada 10 mujeres viven en países con leyes restrictivas del aborto, según la clasificación del Centro de Derechos Reproductivos.
El aborto ha sido, es y seguirá siendo una de las principales demandas del feminismo, ya que prohibirlo o acotarlo no es más que otra manera de controlar el cuerpo y la moral de las mujeres. Este año en nuestro país se celebran 40 años de su despenalización: la Ley Orgánica 9/1985 contemplaba tres supuestos para interrumpir la gestación: en cualquier momento si existe «un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada», en las 12 semanas en caso de violación y dentro de las 22 semanas si el feto va a nacer con «graves taras físicas o psíquicas». No fue hasta 2014 cuando, con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se eliminaron esos supuestos durante las 14 primeras semanas. Años más tarde, con el gobierno de Mariano Rajoy se quiso volver a los supuestos, pero no se encontró el consenso necesario. La última modificación al respecto es bien reciente, de 2023. En esta renovación el Ministerio de Igualdad se ampliaron las garantías eliminando, por ejemplo, la exigencia de autorización paternal y regulando la objeción de conciencia También se tipifica como delito las conductas de acoso contra las mujeres que acuden a clínicas privadas a abortar.
Lo personal es político
“Abrir el melón” del aborto sigue a día de hoy generando mucha polémica y dividendo incluso a las propias militancias. Mientras que la extrema derecha radicaliza su postura, entre los neoliberales hay más variedad de opiniones, y en la izquierda, si bien se defiende sus garantías, también hay detalles diferenciales. Y mientras tanto, son nuestros cuerpos los que están en la cuerda floja.
Recientemente este debate se ha avivado a raíz de una propuesta de VOX, respaldada en un primer momento por el Partido Popular (que luego recogió cable) sobre informar a las mujeres que van a abortar de un supuesto síndrome post aborto sin ninguna base científica. Aquí vio el filón el Gobierno de coalición para, no solo criticar esta iniciativa paternalista y completamente aberrante, sino para poner sobre la mesa la idea de blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución (algo que hasta ahora solo tiene Francia), para que esté igual de garantizado que el derecho al honor, a a la libertad de expresión o una tutela judicial efectiva, por citar algunos de los que gozan de máxima protección en la Carta Magna.
Según los datos oficiales, en 2024 se hicieron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo. Más del 78% se hicieron en centros de titularidad privada.
Y lo político es personal
Como hemos repasado, la normativa española sobre el aborto ha experimentado reformas importantes en las últimas décadas. El contexto actual se caracteriza principalmente por dos factores: por un lado, el ejercicio efectivo del derecho; por otro, las barreras estructurales que inciden en su implementación. A pesar de ser un derecho amparado por ley, a día de hoy es muy difícil llevar a cabo un aborto en hospitales públicos, incluso en el caso de sufrir complicaciones (te dejamos por aquí el caso de Marta Vigara, por si no lo conoces). ¿Por qué? Existe una figura llamada “objeción de conciencia” que sirve para aquellos sanitarios que, por cuestiones ideológicas o personales no quieren practicar abortos.
Hasta aquí todo ok. Sin embargo, hay una pequeña trampa que ya han denunciado tanto profesionales de la sanidad pública como víctimas de este callejón sin salida: aquellos médicos que no se declaran objetores son relegados a hacer únicamente abortos, algo que limita mucho su carrera y sus posibilidades de crecer, seguir formándose… ¿Conclusión? La mayoría prefiere incluirse en la lista de objetores. ¿Qué pasa entonces con las mujeres que quieren abortar? En el mejor de los casos, lo hacen en clínicas privadas.
Disponer de un registro de profesionales que se adhieran a este derecho (que es individual, no colectivo, y que debe manifestarse anticipadamente y por escrito) es fundamental no como herramienta de señalamiento, sino precisamente para poder garantizar este derecho en la sanidad pública.
En medio de este revuelo, el Ministerio de Sanidad e Igualdad ha creado una web que quiere ser un espacio de referencia para aquellas personas que necesiten informarse sobre la IVE tanto a nivel estatal como territorial. S puede solicitar ayuda, repasar la normativa vigente, preguntar sobre las diferentes opciones que se ofrecen e incluso compartir experiencias (como lo hizo Inés Hernand en nuestro podcast, Escuela de Calor).
Aunque la ley otorga a las mujeres el derecho a decidir bajo ciertas condiciones, las cifras evidencian profundas desigualdades territoriales y estructurales: acceso diferenciado a los centros públicos, concentración de los abortos en el sector privado y marcada variabilidad autonómica.
Desigualdades territoriales y brechas de acceso
Una de las grandes interrogantes del sistema es la desigual implementación del derecho en las distintas autonomías. Algunas comunidades muy pobladas, como es el caso de Madrid, registran cifras mínimas de abortos en centros públicos, mientras que otras, como Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra superan el 75% de las intervenciones en la sanidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres que residen en territorios con escasa oferta pública se enfrentan a mayores tiempos de espera, desplazamiento o, directamente, l obligación de tener que recurrir al sector privado con el consecuente coste y riesgo (estas clínicas no son hospitalarias, por lo que no están dotadas de medios si surgen problemas).
Alguna información práctica
A modo de pequeño resumen, te dejamos algunos datos que conviene saber sobre el aborto al margen de la batalla política:
Técnicas
Ambos métodos son seguros siempre que sean pautados por un profesional cualificado y se haga un seguimiento.
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Aborto farmacológico.
Cada comunidad tiene su propia legislación, pero se puede administrar desde las 5-6 semanas sin regla hasta las 7-9 semanas. Consiste en la administración de dos medicamentos: el primero, la mifepristona se toma en el centro de salud o en el hospital y detiene la gestación. El segundo se toma en casa pasadas 24-48 horas y provoca la expulsión del contenido uterino. El dolor es intenso o muy intenso, y el sangrado muy abundante.
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Aborto quirúrgico o instrumental.
También parte de las 5-6 semanas de ausencia de regla y se alarga hasta la semana 22. Este se realiza en quirófano, con cirugía sin ingreso y consiste en dilatar el cuello uterino y aspirar el contenido. Se administra anestesia.
Recuperación, “baja” y complicaciones
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Depende de cada mujer y sus circunstancias, aunque la recuperación suele ser bastante rápida (más en el caso de la quirúrgica que de la farmacológica, que puede acarrear hemorragia y dolor por más tiempo).
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No obstante, se puede recurrir a una baja médica, que está además especificada en esta última reforma de la ley del aborto, que reconoce incapacidades temporales tanto si el aborto es voluntario como si es espontáneo.
¿Afecta el aborto a la fertilidad?
Según la evidencia científica disponible a día de hoy, no se ha asociado riesgo de infertilidad tras un aborto, ya sea voluntario o involuntario. El riesgo existe cuando hay complicaciones en el proceso o se hace sin garantías de seguridad.
Salud mental
Desde el punto de vista psicosocial, la culpa puede aparecer incluso cuando la decisión sea propia y reflexionada, pero esto tiene más que ver con nuestra socialización como mujeres y con los mensajes morales que rodean el proceso. La restricción, es decir, aquellas sociedades donde las leyes son más limitantes, o donde la religión tiene mucho poder se asocia a peores resultados psicológicos. Además, el estrés por viajar (si donde tú vives por ejemplo no está permitido o no se realiza), los procesos legales e incluso la clandestinidad empeoran este punto.
Nuestra lista de peticiones a los Reyes Magos
Ya que se acerca el momento de hacer listas de deseos, aquí va la nuestra en este tema, para que Sus Majestades (o quien tiene mano, mejor), lo tengan en cuenta en 2026, que ya es hora:
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Homogeneizar el acceso: reducir las brechas territoriales y garantizar que la red pública tenga capacidad suficiente y profesionales disponibles para atender todas las interrupciones voluntarias del embarazo, sea por la razón que sea.
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Fortalecer la prevención: mejorar la educación sexual, asegurar el acceso a métodos anticonceptivos, especialmente entre jóvenes y en contextos de vulnerabilidad.
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Transparencia y calidad: impulsar protocolos claros y uniformes en todas las comunidades autónomas, así como garantizar información veraz, libre de estigmas.
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Reconocer la objeción sin que se traduzca en bloqueo del servicio: asegurar que el derecho de conciencia de los profesionales no comprometa el derecho de las pacientes.
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Evaluar los datos a medio plazo: vigilar no solo el número de abortos, sino la recurrencia, los tiempos de espera, la satisfacción de las mujeres atendidas y las barreras ocultas.
Sin paternalismos, de amiga a amiga
Si estás leyendo esto porque estás considerando abortar por la razón que sea, nuestra recomendación es…
- Que busques información fiable. Consulta webs oficiales (como la que hemos enlazado del Ministerio de salud) y acudas a consulta médica para que te ayuden en lo que necesites.
- Si has interrumpido tu embarazo, no dejes de monitorizar tus síntomas y plántate en urgencias si hay fiebre, sangrado masivo o dolor intenso.
- Busca apoyo emocional. En tu pareja, amigos, familia, profesionales de la salud mental… Quien te tienda la mano y no te juzgue.
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